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En un comunicado, el Consejo de Educación Cristiano Evangélico (CECE) señaló que es falaz el argumento esgrimido durante el debate sobre la legalización del aborto de que esa enseñanza no se aplica y que “los idearios institucionales no son la causa que limitan ni entorpecen su aplicación”.
“Rechazamos los intentos legislativos que pretenden coartar la libertad de enseñanza e imponer un enfoque monopólico y de pensamiento único. Entendemos que en nuestra sociedad democrática estas restricciones son inconstitucionales y resultan inaceptables. Si limitamos la libertad cosecharemos ignorancia y pobreza”, dice el texto.
La Ley 26150 de Educación Sexual Integral (ESI) fue aprobada en 2006. Con el argumento de que no se aplica o se aplica deficientemente, se introdujo una reforma, que tiene dictamen de comisión y que será debatida en Diputados, y que apunta esencialmente a recortar el margen de libertad que tienen las escuelas para dictar los contenidos de la Educación Sexual Integral que fija la ley en el marco de su ideario y sus valores. Un punto que fue acordado entre todos los sectores, confesionales o no, durante el debate de la ley.
“La premura de estas propuestas -dice el comunicado- es resultado de los debates sobre el aborto donde se reiteró hasta el cansancio el argumento de que una de las causas principales de los embarazos no deseados es la falta de aplicación de la ESI en las escuelas”.
El dedo acusador apunta a las escuelas confesionales y a las iglesias, que serían las responsables del no dictado de esos contenidos. Pero eso está muy alejado de la realidad. Como lo publicó Infobae hace unas semanas, la ley de 2006 fue consensuada con todas las denominaciones religiosas y con frecuencia resultó más fácil aplicarla en las escuelas confesionales -que tienen un claro ideario- que en la pública, donde es más improbable poder contentar a todos.
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En el caso de las escuelas evangélicas, lo dice también el comunicado, muchas de ellas fueron pioneras en materia de Educación Sexual, adelantándose incluso varios años al dictado de la Ley que la volvió obligatoria a nivel nacional para todas las escuelas, tanto de gestión pública como privada.
“Con este presupuesto, a todas luces falaz -dice el CECE-, algunos legisladores proponen como solución la modificación de la ley vigente, como si su texto fuera el causante del problema”.
El comunicado reivindica también el aporte de las iglesias evangélicas a la educación, en particular por cumplirse este año el Bicentenario de la llegada a la Argentina del educador bautista Diego Thompson, difusor del sistema lancasteriano.
Daniel Ochoa, presidente del CECE
“Todas las propuestas [de modificación de la Ley de ESI] tienen en común que la libertad es algo peligroso que hay que limitar y para ello el Estado debe aplicar restricciones y determinar cuál es la manera ‘correcta’ -sigue diciendo el comunicado-. Así habría que restringirse a una visión ‘laica’ o ‘científica’ o ‘de género’, hasta el extremo de la eliminación de las adecuaciones que prevé el artículo 5° de la ley vigente”.
Se refiere al consenso antes mencionado, surgido del diálogo que precedió el dictado de la ley 26150, y que dice: “Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
Al respecto, el CECE afirma: “Todas las propuestas parten de la premisa de que los contenidos (que deben ser dictados, como ya dispone la ley) deben ser impartidos desde una única perspectiva impuesta por el Estado, limitando la pluralidad de miradas filosóficas, culturales y espirituales que existen en la sociedad argentina sobre este tema”.
La Comisión Directiva de CECe considera que la Ley vigente ya “brinda un marco adecuado para la educación sexual, con documentos elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación y las aplicaciones producidas por cada escuela desde hace más de una década”.
Y denuncian que “los proyectos de modificación” que se impulsan en el Congreso, “atacan ese espíritu amplio y plural con que la ley fue concebida, debatida y sancionada”.
También afirman que la profundidad del tema “exige una responsabilidad en su aplicación”, entre otras cosas, porque hace “a las creencias más profundas de nuestra comunidad educativa”.
“Una visión reduccionista o de novedades ideológicas no puede pretender aplicarse de manera universal”, sostienen. Piden respeto al rol que la ley de Educación les otorga a los padres “como agentes naturales y primarios de la educación”.
“Los temas con fuerte contenido ético, como éste, necesariamente se vinculan con la doctrina religiosa y moral que define los valores a considerar”, afirman, recordando “el derecho de las familias y de las escuelas confesionales de orientar este tipo de enseñanza en el marco de la garantía constitucional de la libertad religiosa”.
El debate recién comienza. El comunicado de CECE no lo dice, pero el apuro por presentar esta reforma, la atribución caprichosa e infundada de responsabilidad a las escuelas confesionales por los déficits de aplicación de la ESI y las modificaciones que apuntan a coartar la libertad de profesar creencias otorgan a esta reforma apresurada y sobre todo innecesaria un cierto halo a revancha.
infobae.com
